Gobierno debe priorizar solución de conflictos socioambientales

“No hay voluntad política para atender demandas de poblaciones afectadas por actividades extractivas”

La pronta solución a las demandas de las poblaciones afectadas por impactos medioambientales , exigió al gobierno la congresista María Elena Foronda Farro, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

“Es imperativo que el Estado actúe y resuelva inmediatamente los casos de Cerro de Pasco, Saramurillo, Centro Poblado Malvado, comunidad de Llámac de Áncash, indígenas Yaugua, Chaparrí, parque Manhattan , humedales de Puerto Viejo, entre otros”, sostuvo esta mañana durante la conferencia ofrecida por representantes de diversos sectores en conflicto de tipo medioambiental.

La legisladora (Frente Amplio) demandó al gobierno priorizar la atención de los conflictos ambientales desde la perspectiva del derecho de las personas y no desde la conveniencia de las empresas, en referencia a la flexibilización de los estándares de calidad del aire efectuado por el Ministerio del Ambiente con el propósito de favorecer la transacción comercial de una minera.

Remarcó que desde la comisión que preside, ha realizado diversas acciones destinadas a fortalecer la participación ciudadana en asuntos que les incide y que se respete la voluntad de los pueblos respecto al uso de sus territorios.

 Niños de Cerro de Pasco

Jaime Silva Ponce, regidor de la municipalidad de Simón Bolívar de Cerro de Pasco, denunció que tras ocho días de encadenamiento en las puertas del Ministerio de Salud, aún no son atendidos en  sus demandas, a pesar de las actas de compromiso entre el gobierno y las autoridades de su distrito.

“Pedimos la declaración de emergencia sanitaria y ambiental el distrito, la publicación del cronograma y su respectivo presupuesto para la construcción de la clínica especializada para niños contaminados por metales pesados, el cierre de los pasivos mineros, la instalación de agua potable y pistas que eviten la propagación del polvo contaminante”, dijo.

Recordó que son más de 40 casos de niños con leucemia, 200 diagnosticados con metales pesados en la sangre y que desde el 2012 están a la espera de la construcción de la clínica.

Chaparrí

El caso del Área de conservación privada Chaparrí fue presentado por Diana Ordóñez, integrante del colectivo #SalvemosChaparí, en el que se evidencia la desidia del Estado cuando se trata de zonas de protección ambiental.

La comunidad impulsora de esta área emblemática por su carácter autogestionario y resultados exitosos, ha sido desplazada en forma fraudulenta por un grupo ajeno a los intereses conservacionistas con la finalidad de cambiar la zonificación para implementar proyectos inmobiliarios y agroindustriales.

Ordóñez alertó que la seudo directiva ha convocado una asamblea  para el próximo 4 de julio en el cual decidirán el futuro del  área de conservación, mientras tanto el Poder Judicial, la Policía, Ministerio Público y Gobierno Regional mantienen silencio cómplice porque diversas personas vinculadas a ese entorno han sido incorporadas como nuevos comuneros.

Pueblo Yagua

Por su parte Jamner Manihuari, presidente de Aidesep, dijo que los derechos territoriales del pueblo amazónico Yaguar están siendo vulnerados  al imponerles una categorización de su territorio sin ser consultados, el mismo que tiende a favorecer iniciativas empresariales extranjeras.

Sostuvo que el Estado está en la obligación de respetar los acuerdos internacionales como el Convenio 169 OIT que establece el derecho a la consulta previa y reconocer los valores de los pueblos originarios.

 Parque Manhattan

Otro caso presentado es el relacionado al Parque Manhattan del distrito de Comas, Lima, en donde la municipalidad distrital pretender ceder el terreno y espacio público para la construcción de un centro comercial.

Nadia Cruz Estrella, representante de los vecinos, cuestionó el papel del aparato estatal porque a pesar de haber denunciado el caso ante diferentes instancias, hasta el momento ninguna entidad se ha pronunciado en forma efectiva para evitar el atropello.

Este caso es un claro ejemplo donde se sacrifica áreas verdes y espacios de esparcimiento público, para dar paso al cemento y gras sintético, motivados por las ganancias económicas.

Derrame en centro poblado Malvado

La intoxicación masiva de pobladores de Malvado, distrito de Paramonga, por la rotura del mineroducto de la empresa Antamina, hasta la fecha sigue sin atención especializada.

Fernando Alvarado Moreno, alcalde de Paramonga, dijo que la minera se niega a realizar el despistaje especializado requerido para determinar el grado de intoxicación que ha sufrido más de medio centenar de pobladores por el derrame.

“Pedimos la inmediata intervención las  entidades del Estado para que la empresa asuma la remediación de los impactos del derrame, tanto en la salud de las personas como daños en la agricultura, animales de corral y agua”, sostuvo la autoridad edil.

Compromiso

Acompañaron la presentación de casos los congresistas Marco Arana Zegarra, Zacarías Lapa Inga, Humberto Morales Ramírez y Edilberto Curro López, quienes se comprometieron a seguir acompañando a las poblaciones afectadas, realizar gestionar necesarias y exigir en los ámbitos correspondientes la solución satisfactoria de conflictos.