Exigen explicaciones por protección a Grupo Oviedo
“Esto es una interferencia del estado”, afirmó María Foronda
Gobierno permite que administre de Tumán, pese a que sentencia fue revocada, dicen
Mientras que el país entero sufre los estragos de la creciente inseguridad ciudadana y el crimen organizado, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski parece tener interés en sacar a las calles a la Policía para resguardar los intereses particulares del actual presidente de FPF, Edwin Oviedo, en la empresa azucarera Tumán, en Lambayeque, y recientemente se ha denunciado que se utiliza a personal del Ejército para cumplir las labores propias de los trabajadores de la azucarera.
La parlamentaria María Foronda, del Frente Amplio, advirtió que la ampliación del estado de emergencia en Tumán, Lambayeque, tendría como objetivo de favorecer y proteger al Grupo Oviedo y mantenerlo en la gerencia de la azucarera de Tumán.
“Yo estuve en la zona, estuve en Tumán, y lo que quiere la gente es que se levante el estado de emergencia porque ellos no son delincuentes, solo son campesinos (…) Yo no creo que declarando estado de emergencia y haciendo lo que están haciendo, se resuelvan los conflictos (…) Sí creo que allá hay un conflicto de intereses de parte del Estado con el Grupo Oviedo”, afirmó.
Foronda cuestionó que se haya utilizado a efectivos policiales y militares en la zona, debido a que el sustento del Gobierno para esta medida no estuvo debidamente sustentado, y aseguró que esta situación debió resolverse desde una instancia judicial.
Excusas
“(La intervención de la policía) se ha hecho así, porque nos dijeron que en otro caso ambas partes se terminan matando, al menos esa es la justificación que nos dio el Ministro del Interior (…) El Poder Judicial ha debido resolver judicialmente sobre estas mafias, que se han enquistado sobre las cooperativas”, indicó.
Por su parte, el miembro del Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, cuestionó que el Ejecutivo amplie el estado de emergencia zona, debido a que esto solo aumenta las sospechas de que existen intereses con el Grupo Oviedo, y señaló que el Gobierno debería brindar las explicaciones respectivas sobre el uso de las FF.AA. y la PNP en Tumán.
“El hecho de haber declarado en estado de emergencia la zona, y haberlo prolongado por un tercer mes, me parece que es lo más inconveniente, porque se está interfiriendo en un problema sin vicios de violencia, favoreciendo a una parte indebidamente (…) Se está distrayendo a la Policía y Fuerzas Armadas, deben dar las explicaciones del caso”, acotó.
Algo de historia
Tumán es una productora de azúcar del norte del país manejada desde el año 2005 por el denominado Grupo Oviedo, a través de cuestionadas administraciones judiciales, que mantuvieron en el control de la compañía a Edwin Oviedo, sin ser propietario, ni tener la condición accionista mayoritario. Así lo indicaron trabajadores que se han declarado en desobediencia civil.
“En la gestión de Oviedo, Tumán logró el demérito de convertirse en una de las empresas que más deuda generó ante la Sunat, pese a que anualmente poderosos lobbies dentro del Congreso lograron la expedición de controvertidas Leyes de Protección Patrimonial que permitían por mandato legal que Oviedo no pagara las deudas que generaba con los trabajadores de la compañía y ni siquiera con el propio Estado”, comentaron.
De igual modo, comentaron que hartos de esta situación y de la falta de pagos por más de cinco meses, los trabajadores expulsaron a Oviedo en el 2015, iniciándose una batalla legal entre los trabajadores accionistas y Edwin Oviedo.
En abril del 2017, mientras una facción de los trabajadores administraba la empresa con regularidad, la jueza del Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, Liz Karina Fabián Palomino, expidió una resolución ordenando la entrega de la administración de la empresa al llamado IV Directorio, pertenecientes al Grupo Oviedo, “la cual fue ejecutada con sospechosa celeridad por el ministro del Interior Carlos Basombrío, quien desplazó más de 800 efectivos policiales para llevar a cabo la instalación del Directorio de Oviedo”, explicaron.
“Tanta predisposición de Basombrio para desplazar semejante contingente policial con tanta urgencia, parecía tener mucho que ver con el hecho de que por esas fechas los voceros de Fuerza Popular anunciaban la interpelación al ministro, y que el flamante gerente del grupo Oviedo que instalaría la Policía en Tumán, era Antonio Becerril, hermano del congresista fujimorista.
Intervención del gobierno
El rechazo a Oviedo y Becerril en Tumán es tal que a pesar de haber transcurrido casi cuatro meses de su ingreso a la compañía, más del 90% de los trabajadores se niegan a volver a sus puestos de trabajo, y exigen su salida.
En medio de toda esta disputa, el 14 de julio, la Primera Sala Civil de Chiclayo revocó el mandato judicial por el cual se ordenaba la instalación del directorio de Oviedo en Tumán.
Sin embargo, a pesar de que se dejó sin efecto las garantías policiales que otorgó a dicho directorio, Oviedo y Becerril continúan administrando la compañía gracias al DS N°083-2017-PCM, por el cual prorroga una vez más el Estado de Emergencia por 30 días, denunciaron.
Recientemente, pobladores de Tumán han dado a conocer a través de fotografías en redes sociales, que ante la negativa de los trabajadores de la empresa a laborar para Oviedo, personal del Ejército vendría siendo utilizado para realizar las labores propias de los empleados de la azucarera al interior de la fábrica.
Fuente: http://larazon.pe/actualidad/generales/exigen-explicaciones-por-proteccion-a-grupo-oviedo-12168
