Escazú: un acuerdo para que las personas defiendan en mejores condiciones sus derechos ambientales
La suscripción del Acuerdo de Escazú, en el marco del periodo de sesiones de Naciones Unidas en Nueva York, es un hito importante en la lucha por el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental, en un contexto en donde el propio Estado amenaza con arrasar nuestros recursos naturales al pretender aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos que atenta contra esa sostenibilidad.
Así se expresó la congresista María Elena Foronda, luego de que catorce países de América Latina y el Caribe, incluido el Perú, firmaran el pasado jueves en la sede de la ONU, un tratado medioambiental vinculante a nivel regional por primera vez creado como parte de la ejecución del Principio 10 de la Declaración de Río (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible – Río+20), que fuera aprobado por el Perú y 23 países más en 1992.
Es así que la representante del Frente Amplio, en el marco del Foro Promoviendo la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, informó que desde su despacho había presentado una Moción de Orden del Día para que el pleno del Congreso de la República solicite al Poder Ejecutivo la firma del mencionado instrumento legal para su respectiva implementación.
Durante esta actividad el despacho de la congresista Foronda hizo un llamado a los asistentes para suscribir la carta ciudadana dirigida al Presidente de la República y al presidente del Poder Legislativo para instarlos a firmar el Acuerdo. Poco más de dos semanas después el Poder Ejecutivo firma el Acuerdo y se compromete a iniciar los trámites correspondientes para su ratificación.
La entrada en vigor del Acuerdo requiere la ratificación, aceptación o aprobación del acuerdo de once Estados Parte. Por parte del Congreso de la República, la parlamentaria ancashina sostuvo que en la moción presentada al Congreso se ha solicitado la creación de una Comisión Especial encargada del seguimiento a la implementación del Acuerdo de Escazú.
Al garantizar derechos, advirtió María Elena Foronda, como el acceso a la información, de participación, de justicia en materia ambiental de las poblaciones vulnerables, este instrumento vincularía marcos jurídicos mundiales y nacionales que cimentarían las bases para crear una estructura institucional de apoyo que formule políticas públicas, en cuyo proceso de ejecución involucre a las personas o grupos afectados. Es decir, un acuerdo para que las personas defiendan en mejores condiciones sus derechos ambientales.
