Conclusiones del foro Hacia una Gestión y Ordenamiento Territorial de las Zonas Marino Costeras

El jueves 14 de diciembre del 2017, se realizó el Foro “Hacia una Gestión y Ordenamiento Territorial de las Zonas Marino Costera”, organizado por el despacho de la congresista María Elena Foronda, con el apoyo de la ONG CooperAcción.

Representantes de diversos sectores relacionados al entorno marino costero, como pescadores, buceadores, conservacionistas, moradores entre otros, dieron a conocer la problemática por la que atraviesan debido a la falta de instrumentos legales y, en muchos casos, autoridades comprometidas que hagan cumplir la normatividad existente, para la adecuada gestión de la zona frente a iniciativas económicas que irrumpen en este espacio geográfico.

De igual manera, representantes de las entidades gubernamentales que tiene competencia en este sector, expusieron sobre las acciones que realizan en torno a esta problemática y manifestaron su compromiso frente al entorno.

A fin de socializar los detalles del evento, presentamos a continuación las conclusiones del foro con la ilusión de consensuar propuestas que permitan plasmar un ordenamiento territorial con una perspectiva integral, inclusiva y de respeto con el entorno geográfico y humano.

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CONCLUSIONES 

1. SOBRE LOS CONFLICTOS POR EL USO Y OCUPACIÓN DEL LOS TERRITORIOS MARINOS COSTERO

1.1. El Perú es un país megadiverso, posee 108 formas de vida, un litoral costero de más de 3,000 Km en el cual se encuentran 22 ciudades y alberga el 70% de la población peruana, es uno de los territorios de mayor riesgo y vulnerabilidad, y de stress hídrico, que se agravará por los efectos del cambio climático. Posee uno de los mares más ricos a nivel mundial por su biodiversidad, ecosistemas marinos costeros y servicios ambientales, y un sistema de áreas protegidas de islas, islotes y puntas guaneras.

1.2. Asimismo, el país cuenta con una frondosa legislación e institucionalidad ambiental para implementar dichas normas sustentadas en la Constitución Política del Estado y en la Política 19 de Estado, que establecen el desarrollo sostenible del Perú. De igual manera, el Estado Peruano está en la obligación de aplicar los compromisos internacionales que ha suscrito, referidas a temas ambientales, cambio climático, tratados comerciales, entre otras y que tienen rango de ley a nivel nacional.

1.3. La mayoría de conflictos en las zonas marino costeras, se originan por la carencia de planificación y gestión del territorio, debido a la superposición de actividades productivas y extractivas en contra de la pesca artesanal, depredación de recursos hidrobiológicos, degradación de ecosistemas y sus servicios ambientales y, cuyos efectos, se expresa en la contaminación ambiental de origen urbano, rural e industrial, que descargan los residuos sólidos y líquidos sin tratamiento previo en las bahías y playas.

1.4. En los últimos años se evidencia acelerados procesos de privatización de las playas mediante cambios en la zonificación de uso del suelo a través de “adendas”, como ocurre en la playa “Los Yuyos”. Igualmente, se ha constatado la venta de áreas recreativas como es el caso de la Costa Verde, para lo cual, se ha modificado la línea de playa, limitando la libre circulación de ciclistas y peatones, debido al incremento de obras de infraestructuras, invasiones, tráfico de terrenos. Casos similares, que se ha hecho una práctica delictiva y mafiosa en todo el litoral peruano, fueron denunciados con la privatización de playas como “Vichayito”, “Punta Sal” y otras.

1.5. De igual manera, como parte de la lógica de privatización de la zona marino costera en beneficio de las empresas extractivas de hidrocarburos y gas natural, el Gobierno Peruano está promoviendo la instalación de 25 lotes petroleros en el litoral peruano desde Ilo hasta Tumbes, incluyendo zonas de alta productividad pesquera como el litoral marino de Áncash. Estas exploraciones se hacen mediante la denominada prospección sísmica que afectan la biodiversidad existente, en especial los mamíferos marinos como los delfines, lobos marinos y cachalotes, matando especies pelágicas. Quedando demostrado que la actividad petrolera y gasífera, no es compatible con pesca artesanal e industrial y menos con el turismo.

1.6. También se están construyendo megapuertos, como es el caso en la provincia de Chancay, cuyo Estudio de Impacto Ambiental se ha circunscrito al área de edificación en la zona marino costero, utilizando explosivos sin tener en cuenta los impactos directos e indirectos en dichos espacios territoriales como son las viviendas, ecosistemas, humedales y sistemas de pesca y de vida de los pescadores artesanales y sin consulta previa a las poblaciones afectadas.

1.7. Igualmente, se ha advertido una lógica de privatización de los muelles del litoral peruano a través de concesiones amañadas, como es el caso del Puerto de Salaverry que debe ser multipropósito y no solo minero, teniendo en cuenta además el grave proceso de erosión del litoral de la costa peruana debido a este tipo de infraestructura portuaria, como es el caso de las playas del departamento de La Libertad.

2. PROPUESTAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS ZONAS MARINO COSTERA CON RESPETO AL ENTORNO GEOGRÁFICO Y HUMANO

2.1. Es urgente aprobar una norma legislativa que establezca el Ordenamiento y Gestión Territorial de la Zona Marino Costera, que defina el uso y ocupación del territorio, deslindando la intangibilidad de las 5 millas para pesca artesanal y donde deben ubicarse actividades acuícolas y de pesca industrial, así como, las zonas recreativas y de turismo compatible con los entornos marinos costeros.

2.2. Siendo el ordenamiento territorial de la zona marino costero un instrumento de planificación básico para superar los problemas ambientales, sociales, económicos y políticos entre el Estado y los sectores productivos y sociales, proponemos la armonización de las competencias ambientales que actualmente son sectoriales, fortaleciendo una institucionalidad ambiental, como es el Ministerio del Ambiente, para que dicha instancia aplique de manera preventiva reglas claras para la intervención de los sectores competentes y acciones de monitoreo a través de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental y del Poder Judicial en zonas marinas costeras y humedales.

2.3. En lo relacionado a las actividades pesqueras artesanales e industriales, debe constituirse una autoridad del Estado que centralice, fiscalice y regule todas las actividades pesqueras y que sean responsables en administrar, evaluar, gestionar, controlar, proteger y promover sustentablemente, con visión multidisciplinaria y multisectorial, incorporando la variable cultural y ambiental, en dichas actividades productivas y los derechos de los trabajadores.

2.4 Existe una iniciativa legislativa para el reconocimiento de la pesca ancestral, advirtiendo que en nuestro litoral se asientan comunidades de pescadores artesanales que tienen conocimientos en el manejo de la pesca asociada a manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos, siendo una de sus expresiones tradicionales y reconocidas por el estado, como son las actividad pesquera en el “Caballito de Totora”, en el departamento de La Libertad.

2.5. Para enfrentar los desafíos ambientales y de cambio climático que afectan las zonas marino costeras, es importante la revisión de Leyes y reglamentos para fortalecer los entes competentes y que éstos sean dirigidos por funcionarios con capacidades profesionales idóneas, acordes a sus respectivos sectores.

2.6. En lo que atañe a las zonas urbanas y sus moradores, afectados en sus derechos y calidad de vida por las concesiones a sectores productivos privados, es importante solicitar la intervención de la Dirección de Capitanía -DICAPI y la Dirección Regional de Producción –DIREPRO, para la vigilancia efectiva en coordinación y participación con los pobladores de las zonas urbanas y pescadores artesanales e industriales.

2.7. En lo relacionado a la vulneración de derechos de la población costera, como es el caso del Proyecto PROVISUR donde se están construyendo una planta de desalinización, que afectará las playas ubicadas en el sur de Lima, sin consultar con los pueblos afectados mediante mecanismos de participación ciudadana, es importante que dichos proyectos sean sometidos a consultas antes de su implementación mediante acuerdos vinculantes y, en caso sean aceptados, se efectúe un sistema de monitoreo y fiscalización con la participación de los entes competentes del Estado y organizaciones de la sociedad civil de la zona de influencia del proyecto.

2.8. Es transcendental la constitución de una Mesa Multisectorial de parte del Estado con instituciones de la sociedad civil para dar seguimiento a los casos expuestos, donde se demuestre el sinceramiento de diagnósticos y estudios por parte del Estado, en relación a contaminantes en la zonas marinos y erosión costera y que implique planes de acción para la recuperación, protección y conservación de las bahías, playas y ecosistemas marinos costeros y humedales.

2.9. En lo concerniente a la pesca ilegal con dinamita e incumplimiento de normas, por parte de empresas pesqueras y acuícolas, es urgente el cumplimiento de acuerdos de las Mesas de Diálogo con la intervención de los ministerios del Interior, PRODUCE y otros.

2.10. Frente al riesgo de depredación de la anchoveta al decretarse periodos de pesca a pesar de saberse que el 90% de este recurso no cumple con las tallas mínimas para su captura, es transcendental que el Ministerio de Producción asuma responsablemente su rol protector y previsor, no dando las autorizaciones de pesca en estas condiciones y ordenando la inmediata suspensión de las labores extractivas ante los primeros indicios de pesca de especies juveniles para garantizar la sostenibilidad de la cadena trófica para otras especies de consumo humano.

2.11. Conformar una Plataforma Nacional de la sociedad civil, organizaciones y ciudadanía en la defensa y protección de la zona marino costero, con apoyo del Congreso, priorizando los casos de violación de derechos socio ambientales y afectación de viviendas debido a la erosión de las playas, como las ocurridas en las Bahías El Ferrol, playas del departamento de La Libertad y contaminación y pesca ilegal, como el balneario de Tortugas en Áncash.

Lima, 14 de diciembre del 2017