Acuerdo de Escazú: el derecho a vivir en un medio sano y sostenible
En el marco del Foro Promoviendo la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, la congresista María Elena Foronda informó que desde su despacho ha presentado una Moción de Orden del Día para que el pleno del Congreso de la República solicite al Poder Ejecutivo la firma del mencionado instrumento legal para su respectiva implementación.
El Acuerdo es un tratado regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe; se aprobó el 4 de marzo del presente año en la ciudad de Escazú, Costa Rica, como parte de la ejecución del Principio 10 de la Declaración de Río, que fuera aprobado por el Perú y 23 países más en 1992.
“El Acuerdo de Escazú busca garantizar los derechos que tenemos todas las personas a vivir en un medio ambiente sano”, enfatizó la parlamentaria del Frente Amplio. “Este derecho va de la mano con el desarrollo sostenible, entendido en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental; y proyecta un horizonte mucho más integral”.
Al garantizar derechos –continuó Foronda-, como el acceso a la información, de participación, de justicia en materia ambiental de las poblaciones vulnerables, este instrumento vincularía marcos jurídicos mundiales y nacionales que cimentarían las bases para crear una estructura institucional de apoyo que formule políticas públicas, en cuyo proceso de ejecución involucre a las personas o grupos afectados.
“Los conflictos socio ambientales han creado incertidumbre en el país, han generado enfrentamientos entre las comunidades indígenas”, enfatizó. “Esto incide en que las comunidades nativas no crean en el rol de las autoridades para resolver sus legítimas demandas. Implementar el Acuerdo es un gran paso para solucionar los conflictos”.
Al finalizar el foro, la representante de Amnistía Internacional, Marina Navarro Mangado, hizo un balance a modo de conclusión en el cual ratificó la importancia de firmar el Acuerdo de Escazú porque la información no llega, las personas no tienen capacidad de influir, y no existe una justicia efectiva.
“Las personas que defienden los derechos medio ambientales siguen siendo atacadas; quienes más han defendido estos derechos – miembros de las comunidades nativas-, son más vulnerables, y el Estado no los protege. El Acuerdo es una forma de prevenir los conflictos. Es un esfuerzo multilateral que tiene que verse reflejado en su firma y ratificación; y un trabajo conjunto entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, finalizó.
En el Foro participaron el Parlamentario Andino, Alan Fairlie Reinoso; el director general para Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marco Balarezo Lizarzaburu; el director general de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental del Ministerio del Ambiente, Daniel Núñez Ato.
También, la defensora adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblo Indígenas, Alicia Abanto Cabanillas, el presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo; el director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), César Gamboa Balbín; la especialista en Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Aída Gamboa Balbín; y el vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Richard Rubio Condo.
