Funcionarios cuestionados rotan indistintamente en municipalidad y gobierno regional del Callao
Luego de finalizada la sesión de la Comisión que investiga los presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao, la congresista María Elena Foronda destacó que a pesar de que sus principales funcionarios tienen procesos administrativos y judiciales abiertos, ellos se mantienen en sus puestos como si no pasara nada.
“Hemos observado que en los gobiernos locales del Callao existe una puerta giratoria muy conveniente. Muchos de los funcionarios que son procesados por la Contraloría General de la República o por la Fiscalía, siguen en sus puestos”, señaló.
Ellos, continuó, acompañan al gobernador desde la alcaldía de Carmen de la Legua, luego en la Municipalidad Provincial del Callao, y después en el Gobierno Regional, en donde rotan en las gerencias conforme estallan los escándalos, pero nunca dejan de perder la confianza de Félix Moreno.
La representante del Frente Amplio se sintió extrañada ante la respuesta del gerente general del GORE Callao, Marcos Palomino, quien, ante una pregunta de un congresista sobre este tema, sostuvo que esa situación para él no es incompatible, a lo que la parlamentaria indicó que legalmente no lo es, pero éticamente es absolutamente incompatible.
La denominada Comisión Callao recibió la visita del mencionado gerente general y del gerente de asesoría jurídica de la misma institución, Jorge Linares Muñoz. Ambos funcionarios negaron tajantemente haber sostenido injerencia alguna en los casos emblemáticos de corrupción de la provincia, como por ejemplo la construcción del tramo de la Costa Verde chalaca o de la avenida Néstor Gambetta.
Pero esto no sería cierto, indicó la parlamentaria ancashina.
En el caso de Marco Palomino, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, lo denunció junto con el gobernador Félix Moreno, y otros funcionarios, por el delito de colusión desleal al haber resuelto la disolución irregular del contrato de concesión que la Municipalidad del Callao suscribió en el 2007 con la empresa TECC S.A para la administración, gestión y control del tránsito y de las infracciones en la provincia.
“Esta acción administrativa originó que la Municipalidad Provincial del Callao sea sometida a un proceso arbitral que le obligó a pagar más de 50 millones de soles por concepto de daños y perjuicios”. Y continuó, “luego de esa pérdida, el municipio chalaco contrató a la empresa Perkons Andina S.A. para las mismas funciones sin el debido proceso de selección”.
La representante del Frente Amplio indicó que, según las investigaciones a cargo del Ministerio Público, en el contrato se estipularon cláusulas contractuales en desmedro de los intereses del municipio, lo que habría causado un perjuicio adicional de más de 19 millones de soles.
Se le preguntó al alto funcionario chalaco, quién tomó la decisión de disolver el contrato a sabiendas de las implicancias económicas que iban a tener en perjuicio de la Municipalidad Provincial del Callao. La respuesta negativa, ha sido la misma que han sostenido todos los invitados a la Comisión Callao.
