Los derechos previsionales de los pescadores ¡NO SE NEGOCIAN!

El Congreso de la República es el primer poder del Estado. Los legisladores(as) tenemos, entre nuestras funciones, presentar iniciativas legislativas (proponer o modificar normas) y representar a los ciudadanos(as) y a sus organizaciones.

En coherencia con esta función, y respondiendo a la solicitud del Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, gremios de otros puertos y asociaciones de jubilados, presentamos el Proyecto de Ley 2678/2017-CR en el que pedimos se amplíe, sin condicionamiento a la determinación del monto del pago por derecho de pesca, la vigencia del aporte social que pagan las empresas pesqueras a favor del Fondo de Pensiones de Pescadores, y que además éste se incremente de US $  1.95 a US $ 2.5 por tonelada métrica de anchoveta descargada.

Nuestra propuesta busca garantizar la sostenibilidad del derecho de pensiones de los pescadores jubilados y por jubilarse, que, habiendo aportado durante tantos años, el Estado les ha dado la espalda al no honrar sus aportes a la Caja de Beneficios del Pescador, hoy en liquidación por malos manejos de funcionarios del propio Estado, y deudas de algunos malos empresarios pesqueros.

Sucede que el próximo 28 de junio se vence la vigencia del aporte social establecido en la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 1084, que en el 2008 estableció el aporte de las empresas de harina y aceite de pescado de US $ 1.95 por TM de pesca, por lo tanto era urgente aprobar cuanto antes la ampliación de la vigencia y su incremento, respectivamente.

Desde nuestro punto de vista  es necesario ampliar este aporte, tanto en el monto como en el tiempo, para que el Fondo de Pensión de los Pescadores se mantenga y puedan los pescadores asegurar su jubilación. Esta propuesta está en concordancia con lo señalado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que indica que en la actualidad hay déficit entre los ingresos y egresos del fondo y que de mantenerse el US $ 1.95 por TM, no alcanzaría para cubrir las jubilaciones actuales y menos de los futuros jubilados.

Además, nos parece perverso “condicionar o amarrar” el monto del derecho de pesca (0.25% del precio Freight On Board FOB  por TM de harina y aceite de pescado) que las empresas pagan al Estado por la extracción del recurso hidrobiológico, a la vigencia del aporte social. Se pretende mantener INAMOVIBLE  el monto de este derecho de pesca, a pesar del incremento del precio de la harina y aceite, que genera cuantiosas ganancias a los empresarios.

Consideramos que al desvincularse ambos pagos, se SINCERARÁN los montos porque una cosa es el aporte social, y otra lo que corresponde al derecho que corresponde pagar por pescar, según la Ley General de Pesca 25977.

Lamentablemente, esta propuesta a favor de los pescadores no fue aceptada por la mayoría fujimorista de la Comisión de Producción, Micro y Pequeñas Empresas y Cooperativas. Se impuso la propuesta del congresista César Segura Izquierdo, en el sentido de que el monto y la fórmula de cálculo de los derechos de pesca por concepto de extracción de los recursos hidrobiológicos sea determinado por el Ministerio de Producción, sumándose además el aporte para el fondo previsional.

De esta forma, Fuerza Popular, haciéndole el juego a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), ha aprobado prorrogar la norma por el plazo de 15 años para que los empresarios ganen más, sin incrementar el aporte social al fondo de pensiones de los pescadores.

Similar artimaña ha sido usada también en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en momentos que se veía mi propuesta y la de otros seis colegas parlamentarios, para que se modifique la Ley 30003. Resulta que esta norma afecta a la mayoría de pescadores jubilados al haberles recortado derechos y reducido el monto pensionable; asimismo, impide que los pescadores en actividad puedan jubilarse en el futuro.

Aquí, nuevamente, el rodillo naranja, incluyendo congresistas ancashinos, sin mayor debate ni sustento técnico, mandó nuestra iniciativa legislativa a “un cuarto intermedio”. Es decir, lo mandaron a la “congeladora”, al “sueño de los justos” a la larga espera. Mientras tanto, los hoy “barones de la pesca” siguen evitando las obligaciones que les corresponde.

Con este caso, el poder de quienes se sienten dueños de nuestros recursos ha quedado demostrado una vez más. Sobran las evidencias que confirman que ellos tienen lobistas, dentro y fuera del Congreso de la Republica, operando a su favor y en perjuicio de quienes son el motor de esta actividad: los pescadores.

El mundo al revés.

Maria Elena Foronda Farro, congresista de la República por Áncash.

NOTA DE REDACCIÓN:

A fin de no permitir esta arbitrariedad, hemos presentado un dictamen en minoría para modificar el Decreto Legislativo 1084 y ampliar el plazo del aporte social al fondo de jubilación de quienes están adscritos al sistema vigente de pensiones aplicables a los tripulantes pesqueros.

Ver Dictamen en Minoría ►